UN MONUMENTO A LA IMPUNIDAD
Por la masacre de 12 funcionarios
judiciales perpetrada en La Rochela (Santander) el 18 de enero de 1989, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano el
11 de mayo de 2007. Dos años después de esta sentencia internacional, con las
mismas pruebas de las que dispuso la justicia colombiana desde hace al menos
tres lustros, la Fiscalía revivió el proceso llamando a indagatoria a tres
generales en retiro y señalando a dos jefes paramilitares hoy sometidos a la
Ley de Justicia y Paz.
Desde aquel entonces no ha sucedido nada…..
en otras palabras, la justicia no ha descubierto nada nuevo y sólo, a petición
de la parte civil representada por el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, cumplió con la orden de la CIDH de recomponer el expediente. Y la
mejor forma de hacerlo fue desempolvando viejas declaraciones del que comandó
la masacre: Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir quien aseguró que
el entonces general Farouk Yanine Díaz, en una charla con las autodefensas del
Magdalena Medio, les dijo que debían pasar a la ofensiva y que contarian con el
apoyo del Ejército. Según Vladimir, entre los más colaboradores estuvieron el
propio Yanine, el general (r) Juan Salcedo Lora, el general (fallecido) Carlos
Julio Gil Colorado y, no tan de lleno, el general (r) Alfonso Vacca Perilla.
En cuanto a los políticos, Vladimir habló
de la colaboración de Tiberio Villarreal Ramos, de quien aseguró que aunque no
participó materialmente en la masacre, sí fue el primero que empezó a presionar
para detener a la comisión judicial que investigaba la desaparición de 19
comerciantes de Barrancabermeja y otros crímenes del paramilitarismo. De
acuerdo con Vladimir, Villarreal había dicho que “a esa comisión había que
desaparecerla”, ante lo cual se gestó una reunión cerca al río Ermitaño para
planear la acción.
El mismo testigo expresó que no sólo en
ese encuentro sino en una cita posterior en la finca La Palmera, a la que
asistieron, entre otros, Henry Pérez e Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez),
la persona que más insistió en que había que matar a los miembros de la comisión
judicial fue Tiberio Villarreal, sobre todo para “quitarles los expedientes a
los jueces”. El Negro Vladimir puntualizó que días más tarde, en reunión con
Henry Pérez, lo habían regañado porque tres de los 15 funcionarios de la comisión
habían sobrevivido a la masacre de 1989.
Lo paradójico es que, a pesar de que
Vladimir fue condenado en 1990 a 30 años de prisión por este crimen, sus
posteriores delaciones fueron desestimadas por la justicia. En efecto, el 5 de
agosto de 1996, la Fiscalía ordenó investigar la conducta del ex congresista
Tiberio Villarreal. Sin embargo, 16 meses después, el 30 de diciembre de 1997,
la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia profirió
resolución inhibitoria en su favor. La razón: un tecnicismo jurídico que, en
palabras castizas, sólo preveía la prescripción.
En términos generales, el proceso de La
Rochela es un monumento a la impunidad. Ese fue el motivo por el cual Colombia
terminó condenada en la Corte Interamericana. De hecho, el 16 de septiembre de
2005, por considerar que las pruebas eran insuficientes, la Unidad Nacional de
Derechos Humanos de la Fiscalía se abstuvo de vincular a Iván Roberto Duque, al
igual que lo hizo respecto a Ramón Isaza y a los ex militares Farouk Yanine Díaz,
Jaime Fajardo Cifuentes, Manuel Jaime Guerrero y Alejandro Echandía, entre
otros.
Pero nunca es tarde para remediar los
errores. Y después de 20 años de bandazos judiciales, en respuesta a la CIDH,
la Fiscalía regresó al caso La Rochela para pedir que los generales (r) Farouk
Yanine, Juan Salcedo y Alfonso Vacca sean escuchados en indagatoria, de la
misma forma como se expidió medida de aseguramiento contra Iván Roberto Duque
(Ernesto Báez) y Ramón Isaza, por los delitos de homicidio agravado, secuestro
extorsivo agravado y concierto para delinquir.
El problema es que la justicia está como
en 1989, o en 1995, o en 1997, es decir, con un solo testigo clave, el mismo
Vladimir, quien a pesar de que había cumplido su condena en 2005, a raíz de la
sentencia de la CIDH, fue recapturado a fines del año pasado y hoy es un
declarante estelar en incontables procesos de la Fiscalía, como el caso Galán,
los crímenes contra la Unión Patriótica o la misma masacre de La Rochela. Con
un detalle adicional: la petición de indagatoria a Tiberio Villarreal existe
desde octubre de 2007, luego han transcurrido cinco años sin realizarse.
Aún así, los abogados que no dejaron
morir el caso de La Rochela pidieron la ampliación del testimonio de Vladimir, solicitaron
que Iván Roberto Duque y Ramón Isaza fueran expulsados de la Ley de Justicia y
Paz por no decir la verdad y, en últimas, buscan que uno de los casos emblemáticos
de Derechos Humanos en Colombia sirva para que la Fiscalía determine de una vez
por todas que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden prescribir.