Hace exactamente 21 años, el 18 de enero de 1989, una alianza criminal entre paramilitares, narcotraficantes y algunos militares, cometió una de las primeras masacres de las que tenga noticia el país, y que posteriormente se convirtieron en una de las cruentas incursiones utilizadas por las autodefensas y la guerrilla en medio del conflicto armado en varios departamentos del país.
Ese día, un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar conocido en la región como “Los Masetos”, asesinaron a 12 funcionarios judiciales en la vereda La Rochela, perteneciente al municipio de Simacota, Santander.
El comando de paramilitares tenía información sobre el viaje que habían emprendido 15 personas, todos ellos jueces e investigadores judiciales, hacia esa zona del Magdalena Medio, a investigar la masacre de 19 comerciantes, cometida en esa misma región en octubre de 1987, y más de 20 desapariciones forzadas también perpetradas por las autodefensas.
Más de dos décadas después de la matanza, la justicia solamente ha condenado a una persona por esos hechos y tres de las viudas de los funcionarios judiciales asesinados, siguen recibiendo amenazas de muerte y continúan siendo objeto de seguimientos.
En 1990, el único condenado por la masacre de La Rochela fue el ex paramilitar alias “El Negro Vladimir”, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por la matanza de los 12 funcionarios judiciales.
Sin embargo, recientemente y con base en sus declaraciones ante la Fiscalía, el ocho de junio de 2009 fueron llamados a indagatoria los generales en retiro del Ejército Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, además del ex congresista santandereano Tiberio Villarreal y el capturado ex cabecilla de las autodefensas, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”.
El general Yanine no alcanzó a comparecer ante las autoridades judiciales, pues falleció el 30 de agosto de 2009 víctima de una penosa enfermedad. Según dijeron a Caracol Radio varias personas cercanas al proceso, los generales Salcedo Lora y Vacca Perilla aún no han asistido a la diligencia judicial.
Tres de las viudas de los funcionarios judiciales que han permanecido en la lucha ante las autoridades para que los responsables de la masacre sean condenados... Lamentablemente ellas han sido amenazadas luego de la reactivación del proceso.
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Paola Martínez Ortiz, esposa del agente investigador Luis Orlando Hernández, asesinado en la masacre de La Rochela, dijo que a partir de la reapertura de las investigaciones contra tres generales retirados del Ejército presuntamente involucrados en la matanza, se recrudecieron las amenazas en su contra.
Entre tanto, Esperanza Uribe Mantilla, viuda del juez 16 de instrucción criminal Pablo Antonio Beltrán, entregó detalles sobre las amenazas que tanto ella como otros familiares de los funcionarios asesinados en La Rochela, han recibido en los últimos tres meses.
Luz Nelly Carvajal, viuda de Germán Monroy Ramírez, otro investigador asesinado en la masacre de La Rochela, dijo a Caracol Radio que pese a las crecientes amenazas en su contra y contra su familia, no descansará hasta que la justicia condene a todos los responsables de esa matanza, que se llevó a su esposo
Las tres viudas, en medio de su dolor, recordaron a sus esposos, asesinados por los paramilitares en una masacre que muchos afirmaban que estaba anunciada... Pero sobre todo hicieron el ejercicio de pensar como sería su vida hoy si las balas de las autodefensas no les hubieran segado la vida a sus seres queridos.
Lamentablemente, a pesar de las constantes amenazas en su contra, las tres viudas de los funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, afirmaron que no han recibido ningún tipo de protección por parte del gobierno nacional. Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado que adopte medidas provisionales para garantizar un esquema de seguridad digno.
